Según el último ránking publicado por la ONG Transparency International, España estaría en el puesto 31 de los países más corruptos del mundo, al nivel de Botwsana o Bután. Por ello, esta ONG publicó un informe donde explica brevemente cuáles deberían ser las reformas más urgentes para ganar en transparencia en nuestro país:

• En primer lugar, debería existir un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre gobierno, partidos políticos, las ONG, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, que priorice la correcta aplicación de las normas ya existentes y que, a su vez, genere medidas que refuercen las sanciones y aseguren la independencia de los órganos encargados de luchar contra la corrupción y el control del gobierno.

• Ligado con este primer punto, es fundamental que los partidos políticos mejoren la normativa de financiación y aseguren un organismo supervisor independiente que se encargue de controlarla. Los partidos reciben gran cantidad de dinero público, por lo que deben de estar obligados legalmente a hacer públicas sus cuentas de manera detallada, puntual y fácilmente comprensible para los electores.

• Asimismo, habría que modificar el sistema de listas cerradas y bloqueadas por uno de lista abiertas, así como trabajar en mejorar la formación e información de los electores.

• Impulsar la democracia interna en los partidos y obligar a la celebración de primarias para evitar su oligarquización.

• Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, así como otras instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado. La politización actual es un grave problema para la integridad del sistema. Habría que establecer criterios claramente meritocráticos y objetivos para ocupar esos puestos y no los actuales, más cercanos al nepotismo y al amiguismo político.

• Aprobar una verdadera Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas, además de otras medidas tendentes a mejorar la receptividad, la accesibilidad, la participación y la colaboración ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

• Crear una Dirección Pública profesional que garantice la calidad de los nombramientos en los cargos hasta Director General y la protección frente a ceses partidistas por cambios en el poder. Es vital reducir los nombramientos y ceses ‘a dedo’ en la Administración Pública.

• Por otro lado, sería esencial aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial y regular las actividades del lobby de acuerdo a las guías de la OCDE.
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