Según recoge Crónica Global, al contrario de lo que defiende la Generalidad, la inversiones extranjeras no se han resentido porque «los inversores ignoran el riesgo político» de que la independencia de Cataluña pueda producirse, pese a que esta conllevaría graves consecuencias económicas, políticas y sociales.
En los últimos meses la Generalidad no ha dejado de repetir que la secesión de Cataluña no conllevaría ningún problema para la economía, y lo ha justificado por el hecho de que las inversiones extranjeras no se han resentido desde que el presidente autonómico, Artur Mas, planteó su proyecto rupturista.
Sin embargo, los analistas hacen una lectura muy diferente y apuntan que, si las inversiones extranjeras no se han visto afectadas, no es porque la secesión no supondría un duro golpe para la economía catalana en caso de materializarse, sino porque no ven creíble que esta pueda llegar a producirse.
Así lo recoge también el rotativo británico Financial Times en un especial sobre las inversiones en España que ha publicado este martes, en el que concluye que los inversores extranjeros, de momento, no contemplan «el riesgo» de una posible independencia de Cataluña.
«Los inversores ignoran el riesgo político [de la secesión]»
Un artículo firmado por Sarah Gordon señala que todos los indicadores económicos muestran que «es razonable pensar que la mejoría de la economía [española] va a continuar», pero advierte de que todavía hay algunos «riesgos» que deben tenerse en cuenta, tales como el alto nivel de desempleo, la elevada deuda y la falta de acceso a la financiación para muchas empresas.
Y añade «otro riesgo político» a esa lista: «la posibilidad de que Cataluña vote para secesionarse en noviembre». «En general, los líderes empresariales de la región se han mantenido reticentes a abordar cómo les afectaría una Cataluña independiente. Dado que la región representa una quinta parte de la producción total del país y de que, según estima el Gobierno [autonómico] catalán, la transferencia fiscal al Estado es de 16.000 millones de euros al año, el impacto financiero de una secesión -por no hablar de la ruptura social y política resultante- no debería ser subestimado. El Gobierno central está llevando a cabo una sólida defensa contra un referéndum en Cataluña, pero con las encuestas señalando que la mitad de la población votaría a favor de la independencia, los inversores ignoran el riesgo político por su propia cuenta», explica Gordon.
El riesgo de inestabilidad política «todavía tiene que resonar en los inversores»
En otro texto, firmado por Tobias Buck, se apunta que «el mayor reto» del país es «sin duda» el desafío del independentismo catalán, que podría derivar en «una declaración unilateral de independencia, sumiendo al país en una crisis constitucional sin precedentes desde la Transición».
«Los temores de que España pueda dirigirse a un período de inestabilidad política todavía tienen que resonar en los inversores», concluye.
Las consecuencias de la secesión
En este sentido, un reciente estudio realizado por el proyecto Europa Liberal sobre las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña y destinado a inversores advertía de que, en el peor de los casos, esta podría suponer la salida de España de la UE, la deslocalización de numerosas empresas de Cataluña y de toda España, una caída del 30% del PIB de Cataluña y del 10% de España, e incluso la aparición de un conflicto armado con atentados terroristas y actos de sabotaje.
El informe, basado en el método matemático de la lógica borrosa o difusa, y realizado por el economista Richard Onsés y el arquitecto especializado en gestión empresarial y comunicación corporativa Francisco Llamas, establece cinco tablas de riesgo correspondientes a otros tantos ámbitos: el político, el financiero y económico, el militar, el comercial e industrial, y el de recursos humanos y logística. Cada uno de ellos presenta nueve niveles alternativos.
Así, por ejemplo, en la tabla de riesgo político, las posibles consecuencias de la actual situación podrían desembocar en un escenario que va desde el estatus quo actual hasta una salida de España de la UE, pasando por la realización del referéndum, la declaración de la secesión, la suspensión de la autonomía o la intervención militar. Otras de las consecuencias previstas serían un posible «corralito» financiero en Cataluña, una devaluación de entre un 30% y un 50% de una nueva moneda catalana, la declaración del Estado de sitio, o un éxodo de familias catalanas al resto de España por la falta de trabajo y la caída de las pensiones.
El estudio analiza cómo afectaría la secesión a 367 empresas multinacionales catalanas y del resto de España (que suman el 60% del PIB español y el 50% del PIB catalán) y que tienen capital proveniente de 18 países de todo el mundo.
