Tanto en Cataluña como en Escocia se prevé la celebración de un referéndum para la independencia este año; el 18 de septiembre en Escocia, y el 9 de noviembre en Cataluña. En caso de obtener la independencia, ambos países querrían incorporarse a la Unión Europea, pero la postura oficial de la UE sería la de tratar a Cataluña y Escocia como a «terceros países» que tendrían que superar todas las fases del proceso de adhesión.
Aquí acaban las semejanzas entre Escocia y Cataluña. El referéndum escocés ha sido pactado con Londres, mientras que el catalán no cuenta con la aprobación de Madrid, que lo considera inconstitucional. Por otra parte, es probable que el Gobierno español vete la entrada de Cataluña a la UE si se produce una declaración unilateral de independencia.
«No podemos ser castigados», aseguró Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña, en una entrevista en el Corriere della Sera. Expertos europeos cualificados comparten esta opinión y creen que el posible veto español contra Cataluña sería una medida punitiva que representaría «un abuso de la ley [de la UE]». Dichos expertos creen que tanto Cataluña como Escocia cumplen todos los requisitos para su ingreso, por lo que sus solicitudes se cursarían por la vía rápida. Se implementaría «un procedimiento simplificado» para países que han «aplicado las políticas y la legislación de la UE durante cuarenta años», o veintiocho, en el caso de España/Cataluña.
Pero ¿de verdad es el afán de castigar a esos fastidiosos catalanes el principal objetivo de Madrid? ¿Cumple realmente Cataluña todos los criterios de la UE, y constituye por tanto un caso especial en el que el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE) no puede ser interpretado de forma literal? Un análisis más detenido de las condiciones sobre el terreno suscita ciertas dudas al respecto.
A diferencia de lo que sucede en Escocia, en Cataluña existe un conflicto lingüístico. Se trata de un asunto complejo, uno de cuyos aspectos es la defensa general de la lengua catalana. El otro aspecto es una cuestión interna de Cataluña, donde la Generalidad, el gobierno autonómico, se niega a acatar sentencias judiciales de los últimos años que exigen que no se excluya el castellano como lengua vehicular de la escuela pública catalana. Tratar el castellano como un idioma extranjero no se ajusta ni al espíritu ni a la letra del artículo 2 del TUE, al que el artículo 49 hace una referencia explícita.
Tanto el castellano como el catalán son idiomas oficiales en Cataluña. Más de la mitad de la población catalana tiene el castellano como lengua materna. Inclinar la balanza a favor del catalán en la educación pública ha sido necesario para reparar injusticias del pasado, como han reconocido también los tribunales, pero la exclusión del castellano representa una discriminación clara. Por otra parte, basándonos en la situación actual, podríamos suponer que un Estado independiente declararía el catalán como lengua preferente o nacional, lo que convertiría a los castellanohablantes en una minoría de facto. La igualdad, la no discriminación y la protección de las minorías son valores que aparecen mencionados en el artículo 2.
La Generalidad se niega a acatar sentencias judiciales de los últimos años que exigen que no se excluya el castellano como lengua vehicular de la escuela pública catalana
Si bien las autoridades catalanas están muy orgullosas de su sistema monolingüe, el informe de una comisión de expertos para el Consejo de Europa sobre la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias concluyó en 2008 que «un sistema basado en una educación impartida principalmente en la lengua [regional o minoritaria] debe estar disponible para quien lo solicite, pero no debería ser obligatorio para todos los niños». Aunque Cataluña no era el Estado objeto del examen, la comisión emitió un dictamen que parece un comentario crítico dirigido a las autoridades catalanas: «La Carta no exige educación obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino únicamente que esta opción exista para que todos los alumnos puedan recibir educación en catalán si sus padres así lo desean».
Hay padres que han pasado años enfrascados en batallas legales con el fin de obtener una educación bilingüe para sus hijos. La negativa de la Generalidad de Cataluña, que se niega también a implementar una nueva ley española relativa a esta cuestión, puede conducir a una situación en la que se vulnere el principio de seguridad jurídica. El imperio de la ley, que se basa entre otras cosas en la seguridad jurídica, es otro de los valores que figuran en el artículo 2 del TUE.
Uno de los principales argumentos a favor de la educación monolingüe que esgrimen los nacionalistas catalanes y el gobierno autonómico es lo que ellos llaman «cohesión social». Se trata de un eufemismo para referirse a la construcción nacional.
Otra diferencia respecto a Escocia es que las fronteras del Estado catalán proyectado no están claras en absoluto. El independentismo catalán es intrínsecamente expansionista; intenta conseguir la independencia de Cataluña hoy, para el día de mañana poder trabajar por la «reunificación política de los Países Catalanes». Esto implica anexionarse otras porciones considerables de España, así como partes de Francia (Rosellón) e Italia (Alguer), además de engullir Andorra entera. Todos ellos son territorios donde se habla catalán.
Prácticamente todos los partidos y organizaciones separatistas comparten este objetivo a largo plazo, incluidos al menos algunos sectores de la coalición CiU de Artur Mas, que gobierna en minoría con el apoyo parlamentario de ERC. ERC define de manera bastante oficial la «nación catalana» como «el pueblo catalán» que reside dentro de los límites de los Países Catalanes (compárese el contorno de los Países Catalanes con la característica forma triangular de la Cataluña propiamente dicha). Aunque por el momento no hay amenazas de utilizar la fuerza para alcanzar el objetivo de la «reunificación», esta ideología demuestra (de nuevo) lo poco dispuestos que están los nacionalistas e independentistas catalanes a respetar las normas del juego establecidas.
Quizá nada pone más de manifiesto la tendencia pancatalanista del movimiento separatista que el falso referéndum de 2009-2011 sobre la independencia de (tal y como constaba en las papeletas) la «nación catalana», que solo se celebró en Cataluña aunque tenía como referencia los Países Catalanes, y en el que participó Artur Mas, presidente de la Generalidad, que declaró públicamente que había votado sí.
Por tanto, es posible que un futuro veto español a la admisión de un Estado catalán en la UE no fuera una medida punitiva. Por el contrario, España podría encontrar en el terreno tanto de los derechos individuales como del derecho internacional argumentos válidos para negar cualquier tipo de ayuda a un país que no solo discriminaría a los castellanohablantes, sino que cuestionaría su integridad territorial. Grecia le ha puesto numerosos obstáculos a Macedonia (ARYM) por mucho menos que eso.
El problema catalán es también un problema europeo, debido al efecto dominó que podría tener sobre toda la Unión, sobre todo porque si la UE aceptara el precedente de Cataluña, probablemente el País Vasco seguiría sus pasos. El independentismo vasco, como el catalán, reclama territorios que en el presente están en España y también en la vecina Francia.
