Desde hace ya bastantes años vivimos en Cataluña una situación que bien puede calificarse como estado de excepcionalidad. Aunque ciudadanos de una sociedad aparentemente democrática, donde nuestros derechos están recogidos en la Constitución que aprobaron la inmensa mayoría de los españoles en 1978, entre ellos el 90,5 % de los catalanes, su ejercicio se ve restringido en la práctica por normas aprobadas por el Parlamento de Cataluña que los limitan y desnaturalizan, bien porque contemplan sanciones económicas contra quienes los ejercen, bien porque imponen a los ciudadanos la obligación de solicitar individualmente al gobierno catalán su deseo de ejercerlos, solicitudes que el gobierno catalán se jacta de ignorar incluso cuando están respaldadas por sentencias judiciales firmes. Si este estado de cosas ya nos ha rebajado a los catalanes a ser ciudadanos de segunda, los acontecimientos vividos en los últimos meses apuntan a que la situación puede empeorar considerablemente. No tengo una bola de cristal pero voy a describirles un escenario al que otorgo una alta probabilidad de que se materialice en los próximos meses.

Desestabilizar la economía española
Ante la imposibilidad de celebrar legalmente la consulta anunciada para el próximo 9 de noviembre, el presidente Mas intentará que los líderes de los partidos que apoyan la consulta se integren en su gobierno. Lo más probable, sin embargo, es que forzado por ERC, Mas tenga que disolver el Parlament y convocar elecciones plebiscitarias para que sea el nuevo ejecutivo, presidido por ERC, el encargado de formar un gobierno de unidad nacional. En ambos casos, el Parlament aprobará una resolución instando al gobierno a declarar unilateralmente la independencia. A Omnium Cultural, a la Assemblea Nacional Catalana (que ha tomado el testigo de la Coordinadora Nacional de les Consultes per la Independència) y a los medios de comunicación directa o indirectamente controlados por las administraciones públicas catalanas se les encomendará la tarea de movilizar a los ciudadanos para dejar patente en la calle el amplio respaldo social con que cuenta.
El propósito de esta estrategia de hechos consumados no es otro que modificar la posición de los miembros de la Comisión y del Consejo de la UE, hasta ahora nada receptivos a la aventura independentista del gobierno catalán. Dicho de otro modo, lo que pretenden el gobierno catalán y los partidos que lo sustentan es provocar inestabilidad en la cuarta economía de la eurozona y la quinta de la UE para que los atemorizados Comisarios y los Presidentes europeos insten al gobierno español a buscar una salida negociada con los insurrectos. Las referencias a los conflictos de Bosnia, Kosovo y ahora Ucrania, como ejemplos a seguir, son frecuentes en los planteamientos del gobierno, los partidos y las organizaciones independentistas de Cataluña.

 Preparativos
Entretanto, el proceso para imponer su modelo de “nuevo país para todos” continúa avanzando a toda máquina. El gobierno catalán continúa impulsando, a través del Consell Assessor per la Transició Nacional de Catalunya, la creación de nuevas ‘estructuras de estado’. Además, se ha puesto en marcha una campaña de desinformación a nivel internacional sobre la situación actual de Cataluña que, quiero recordar, es una de las regiones con mayor PIB per capita de España y de la UE. Los aparatosos e infructuosos viajes internacionales, los artículos que publica y las entrevistas que concede a la prensa internacional el presidente Mas, forman también parte de esta campaña de desinformación en la que también participa activamente otra de las estructuras de estado, el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), encargado, según puede leerse en su página de Internet, de informar “a los principales decisores políticos y económicos a nivel europeo e internacional del proceso democrático que se ha iniciado en Cataluña. El derecho a decidir del pueblo de Cataluña se debe poder ejercer en libertad, sin coacciones ni amenazas, dentro de la Europa del siglo XXI”.
Para el consumo interno, el gobierno catalán continúa promoviendo y financiando generosamente simposios, exposiciones y espectáculos que falsean la historia de Cataluña y trasladan a la opinión pública la noción de que Cataluña fue un Estado independiente hasta 1714, como ha afirmado recientemente y sin rubor una de las plumas al servicio de la causa. ¡Lástima que ninguna cancillería europea se enterara de un hecho tan notorio! Por su parte, la ANC que hasta hace pocas semanas solicitaba que se adelantara la consulta a mayo y se proclamara la independencia el 11 de septiembre de 2013, sigue difundiendo la especie de que Cataluña está oprimida por el Estado español que “no ayuda a los habitantes de Cataluña y perjudica notoriamente sus posibilidades de mantener e incrementar su nivel de vida y bienestar que la capacidad productiva e intelectual del país permitiría, disminuyendo y limitando conscientemente las potencialidades de nuestro desarrollo económico y social”. Cuando uno piensa que fueron los historiadores catalanes quienes acuñaron el término “Cataluña, la fábrica de España”, para indicar el papel fundamental que jugó el mercado español en el desarrollo de las manufacturas y la industrialización de Cataluña, produce vergüenza que alguien pueda afirmar tales disparates sin ser motivo de mofa.

El desacato al orden constitucional y el incumplimiento de las leyes del Estado y las sentencias judiciales constituyen ya hoy el principal problema político y social de España. Y todo apunta a que la situación se agravará en los próximos meses cuando el gobierno y el Parlamento de Cataluña, coordinadamente con los Ayuntamientos y organizaciones como la ANC y Omnium Cultural, llamen a la insurrección a los ciudadanos en su intento de convertir el desafío secesionista en un grave problema internacional. Ésta es ya su única baza y el único punto del programa de un gobierno que va a lograr un récord difícil de igualar en democracia: no haber presentado un sólo presupuesto en los plazos previstos al efecto.

 Respuestas políticas y sociales al desafío independentista
Las embestidas del régimen nacional-independentista han abierto ya una dolorosa fractura en la sociedad catalana y en la española, sin parangón desde la II República, y es al gobierno español y a las Cortes a quienes compete desplegar la respuesta institucional para hacer frente a la insurrección política y social que se avecina. Para evitar improvisaciones, el gobierno tiene que tener listas las medidas legales, económico-financieras y de otro tipo que adoptará para restablecer el orden constitucional, si el gobierno de Cataluña declara unilateralmente la independencia. Aunque Mas y Junqueras se permiten hablar en nombre de todos los catalanes sin pedirnos permiso y se postulan como comisarios políticos para imponernos su modelo cuasi-totalitario de sociedad (“una lengua, una cultura y una nación”), lo cierto es que el ansia de libertad y el apoyo a la Constitución han crecido imparablemente en la sociedad civil catalana desde septiembre de 2005.
Pocas personas ecuánimes se atreverían a negar los enormes beneficios económicos que ha reportado a los catalanes formar parte de España desde hace 300 años y, de poco sirve negarlo, porque he ahí que la ‘expoliada’ Cataluña figura entre las regiones más prósperas de la UE. Pocas son también las personas sensatas dispuestas a romper el pacto por la convivencia que, además de garantizar la igualdad de todos los españoles, ha propiciado el período más largo de prosperidad de nuestra historia. Y muchos los ciudadanos catalanes que asumimos con naturalidad la riqueza que supone la pluralidad lingüística y cultural presente en Cataluña, y que estamos decididos a que nadie ponga fronteras a los afectos y las complicidades que unen a los catalanes con el resto de los españoles. Les mantendré puntualmente informados del despertar de la sociedad civil catalana que quiere ser también española.

Clemente Polo. 2014